En 2050, uno de cada cuatro mexicanos tendrá más de 60 años y alguna discapacidad. De ahí que la accesibilidad deberá ser una prioridad para el gobierno.
En la Ciudad de México sólo 60? los establecimientos son accesibles para las personas con discapacidad, mientras que apenas 5? los edificios gubernamentales en todo el país tienen rampas, elevadores y otros elementos que permiten el tránsito de este sector poblacional por sus instalaciones.
Las cifras son alarmantes, considerando que en el país existe una Ley de Accesibilidad que obliga a todos los edificios a tener infraestructura que les permita acceder a las instalaciones.
Por si eso fuera poco, México también ha ratificado los convenios y acuerdos que tiene la Organización de las Naciones Unidas para garantizar este derecho de las personas con discapacidad. Sin embargo, en la práctica no se han cumplido con los mandatos del organismo en su totalidad.
Esta situación es preocupante, pues se estima que para 2050 uno de cada cuatro mexicanos tendrá más de 60 años y alguna discapacidad motriz que le impida moverse con libertad.
“La ONU recomienda la adecuación de los entornos urbanos, los edificios, el transporte y los hospitales o centros de salud con características que apoyen la movilidad de de estas personas. Si no lo hacemos, estaremos dejando de lado una gran parte de la población”, explica Alhelí Olivares Villagómez, académica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
El olvido de las autoridades y los responsables de la construcción para garantizar el acceso a los espacios públicos de salud atenta contra el derecho universal que tienen las personas a la accesibilidad, pero además va en contra de su derecho a gozar de una atención médica para su bienestar.
La también miembro honorario de la asociación Libre Acceso recordó que México ratificó el Plan de Acción Mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre Discapacidad 2014-2021, en el que se exige mejorar la salud de todas las personas con discapacidad, para lo cual se establecen las acciones que deben integrar los países en sus políticas públicas.
No obstante, esta exigencia no se podrá conseguir si las personas con discapacidad no tienen acceso a instalaciones adecuadas para moverse. Pero tampoco podrán hacerlo si las ciudades no son accesibles para ellos, es decir, que puedan utilizar el transporte público o transitar por las banquetas sin riesgo
Lo anterior todavía está lejos de ocurrir, ya que sólo 10?l transporte cuenta con adecuaciones para estas personas, mientras que apenas la mitad de las banquetas y espacios públicos tienen una rampa, de acuerdo con el Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México, elaborado por la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social en 2016.
Olivares Villagómez asegura que que la adecuación de los espacios públicos que ya existen será la tarea prioritaria de los arquitectos y de los centros de salud para garantizar la accesibilidad de laos 7.7 millones de personas con discapacidad que hay actualmente, así como de los otros que se sumarán a esta cifra, conforme envejezca la población.
De esta manera, se dará cumplimiento cabal a los mandatos de la ONU de garantizar la accesibilidad para toda la población a lo largo de toda su vida.
