A un año del anuncio de la pandemia de coronavirus, el gobierno enfrenta un reto importante: cómo atender a los pacientes no COVID
El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que el COVID-19 se había traducido en una pandemia mundial, tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción. “Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus. Y nunca antes hemos visto una pandemia que pueda ser controlada, al mismo tiempo", manifestó su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Y así es que llevamos un año hablando de enfermedad y muerte en México y en el resto del mundo. Pero hoy concentrémonos en nuestro país. La pandemia tomó desprevenidas a las autoridades sanitarias federales. En primer lugar, con una decisión legal y administrativa muy riesgosa como fue la desaparición del Seguro Popular justo unos meses antes. La decisión se tradujo en una nueva reforma legal a la Ley general de Salud que implicó regresar a la centralización de los servicios de salud, sin reglas claras para las entidades federativas y menos aún para los más de 50 millones de usuarios de los servicios.
Después, con decisiones tardías y fallidas sobre cómo atender y resolver la compra de equipamiento de protección personal para el personal médico. Y algo igual de grave como era el desabasto de medicamentos y otros insumos de la salud para atender las terapias de todos los pacientes mexicanos que han tenido que esperar por la improvisación de algunos servidores públicos.
En 2020, según el reporte del INEGI, las diez principales causas de muerte de los mexicanos fueron las siguientes: enfermedades del corazón; diabetes mellitus; tumores malignos; enfermedades cerebrovasculares; enfermedades del hígado; agresiones; accidentes y enfermedades pulmonares obstructivas. Cabe mencionar que la segunda causa de muerte entre los mexicanos fue COVID-19.
Es momento de pensar en salud. Principalmente en la salud de miles de personas en México con enfermedades crónicas que han tenido que diferir sus tratamientos o de plano complicarse con COVID-19 y con consecuencias severas para su salud.
Nuestro país requiere de una re-ingeniería del sistema de salud público. No se puede seguir difiriendo la atención médica en el país porque muchos centros hospitalarios están concentrados en la atención médica de pacientes contagiados por COVID-19. La reconversión fue pertinente, pero la pandemia se predice larga y con muchos riesgos sanitarios.
A poco más de un año de haberse identificado al SARS-Co-V-2, se han aplicado en el mundo más de 326 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19. Gracias a la ciencia, que trabajó rápidamente, hoy se cuentan con al menos 7 vacunas diferentes que se han aplicado principalmente al personal de salud y a los adultos mayores.
Hasta el momento contamos con vacunas seguras y altamente eficaces para la prevención del COVID-19. En nuestro país necesitamos acelerar el paso para seguir vacunando al personal de salud que trabaja en instituciones públicas y privadas y que no necesariamente estén atendiendo personas contagiadas por el virus.
No podemos aplazar la salud de nadie. Se deben fortalecer los programas de primer nivel y de prevención de la salud. Tenemos que recibir orientación de riesgos en salud de forma clara y precisa.
*Consultora en Salud Pública y 25 años de experiencia en asuntos públicos.
